Cuando el ciudadano se topa con la burocracia
Romina Lettieri
 

La Intendencia de Montevideo hoy: trámites interminables y pocas soluciones. Una panadería en un barrio humilde se encuentra con una entidad gigante y llena de poder.

Plaza Larrobla, barrio Colón. Un barrio de gente humilde y trabajadora. A Sandra todos la conocen, tiene su negocio allí hace diez años aproximadamente. Es la primera vez que se lo clausuran: le hicieron un control y le mandaron arreglar «el techo, ya que por la azotea se filtraba la humedad; la mesa de acero inoxidable que había cumplido su ciclo y necesitaba arreglos; la campana del horno [...] y los focos de la luz que tienen que tener los cobertores». Para Sandra está bien que haya habido clausura: ciertas cosas debían ser arregladas antes, pero como todo trabajador que se concentra en su tarea, aún no había encontrado el tiempo necesario para hacerlo. 
No es cierto que todos los uruguayos somos «atorrantes», como ha sido dicho por nuestro mandatario últimamente. Hay quienes dan el alma en su trabajo, y este es claramente uno de esos casos.

Hasta aquí, todo normal: un negocio clausurado por reformas. El problema viene luego, cuando le toca a la Intendencia de Montevideo cumplir eficientemente con sus deberes. «Estuvimos esperando una semana para que nos abrieran para poder trabajar [arreglar]». En total, Sandra nos cuenta que estuvieron entre veinticinco días y un mes para autorizar la reapertura del local. Ella misma tuvo que ir hasta la Intendencia a solicitar que volvieran a controlar los arreglos y le dieran el visto bueno, pero entre el fallecimiento del obrero municipal que conllevó un paro, el primero de mayo y demoras varias, tardaron más de una semana en cumplir con lo pedido.

Sandra tuvo que arreglar más de la cuenta, inclusive en lugares que no pertenecen al local y nos explica que «uno no siempre dispone el capital, somos nosotros mismos para trabajar [realizar los arreglos] y no siempre tenemos el dinero necesario para eso». Además, no olvidemos la existencia de los impuestos. La Intendencia no le ha brindado facilidades ni lo hace para quien se encuentre en su misma situación, y muchas veces por ser propietarios se los ignora deliberadamente. Pero si bien Sandra es patrona, como en muchos otros casos, no significa que posea siempre los recursos económicos necesarios para cumplir con todos los requisitos que se le exigen por parte del Estado.

Como nos explicó inicialmente, su problema no fue la clausura en sí, y las demoras de la Intendencia se hubieran podido perdonar si se hubiese tenido en cuenta que la mercadería del local es producto de esfuerzo y dinero. Pero eso no sucedió. «Lo único que me dolió es que una vez que vinieron y cerraron, no podés tocar nada. Me dolió que pudiendo haber donado, habiendo una escuela en frente, no se lo ha hecho, dado que a vos no te dejaban tocar nada ya que ellos tienen policías. Ellos mismos hubiesen donado las cosas porque no tenés necesidad de que se te pudra y tirar todo».

La Intendencia, como institución del Estado, es parte de la sociedad y es cierto que por ley tiene derecho a exigir, pero también debe otorgar seguridades a los montevideanos en este caso. Sandra está obligada por la Intendencia a cumplir con los arreglos, pero ¿cuáles son las seguridades que la misma le aporta? Es un despropósito que la burocracia y el gobierno cívico-sindical obstaculicen a una pequeña comerciante que, humilde en sus pretensiones, tan solo desea cumplir con sus obligaciones. ||

 
 
 
 
 
 
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