| Jugando con fuego |
| Consuelo Pérez |
El edificio de la Intendencia de Montevideo no cuenta con la certificación de medidas contra incendio, trámite indispensable para que pueda habilitarse al uso. |
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El edificio de la Intendencia de Montevideo (IM), sito en la avenida 18 de Julio esquina Ejido de nuestra capital, no cuenta con la certificación de medidas contra incendio, trámite indispensable para que el mismo pueda habilitarse al uso, en función de las normas que la propia Comuna determina y fiscaliza. Todo local con destino no residencial debe contar para su funcionamiento con una habilitación expedida por la intendencia departamental correspondiente. Es así que para instalar un puesto de verduras, un banco, una tornería o un edificio de oficinas —como lo es el de nuestra Comuna— es imprescindible contar con la habilitación mencionada. Además de tener que reunir el edificio condiciones físicas que contemplen normas de iluminación y ventilación, así como cumplir los locales en cuestión con las dimensiones espaciales y características constructivas reglamentarias, es ineludible haber culminado el trámite correspondiente ante la Dirección Nacional de Bomberos, esto es, disponer de la habilitación final expedida por dicha institución. Ella se obtiene una vez que se haya cumplido con todos los requisitos fijados por dicha fuerza para el local en cuestión, desde el punto de vista de la instalación de los elementos contra incendio exigidos según el caso, y que se hayan realizado los cursos de adiestramiento para la eventualidad de un siniestro, que un número de funcionarios, obreros o empleados según el caso, debe obligatoriamente realizar, para poder instruir a la gente y saber cómo actuar en caso de siniestro. Como la Comuna es la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la norma, si el local comercial, industrial o de otros usos inspeccionado no cuenta con la «habilitación de Bomberos», se aplicará una multa al local, se le exigirá acatar la norma, y de no cumplirse, se le clausurará. Aunque cueste creerlo, la mayoría —por no decir todos— de los edificios públicos, según pudimos saber, carecen de la habilitación en cuestión, lo que obviamente no alivia la situación, sino que la torna preocupante y caótica. Basta recordar el incendio en oficinas de la UTE para discernir que la posibilidad de que acontezca una fatalidad existe, y puede ser mortal. Pero parece aún más absurdo e inexplicable que, si la Comuna fija la norma, fiscaliza, multa y clausura, ¡no contemple y respete el cumplimiento de tan delicado aspecto en sus propias instalaciones! En efecto, el comisario Leandro Palomeque, vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, manifestó que el edificio funciona con «medidas paliativas» desde hace al menos ocho años, fecha en que la Comuna inició el trámite, obtuvo el asesoramiento primario de Bomberos —donde se indican las medidas a tomar— el 13 de enero de 2004, y no culminó las gestiones necesarias. En ese «asesoramiento primario», se le exigía a la Comuna una serie de mejoras y adecuaciones en sus instalaciones y equipos contra incendio, y, tal cual dice Palomeque, «se desprende que la IM no cumplió con las medidas solicitadas porque de lo contrario se habría solicitado la inspección final que confirma la habilitación». Cuando no se cumple con los mínimos de ventilación, la misma es escasa y quizá el aire esté viciado. Cuando pasa lo mismo con la iluminación, quizá se vea con dificultad. Pero cuando no se cumple con las medidas contra incendio, lo que está subyacente es que, en caso de siniestro, la vida de los funcionarios y del público en este caso está en riesgo. Quizá, y a la luz de la gestión realizada en los años de autoridades frenteamplistas en nuestra Intendencia, parecería que la misma se autoaplicó ese castigo. El de no funcionar, claro. |
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