Las mujeres en la Justicia uruguaya
Daniel Volpi Avedutto
 
La participación de la mujer en diferentes ámbitos del Poder Judicial.

En el Poder Judicial los hombres ocupan la mayor parte de los cargos en tribunales de apelaciones y en la Suprema Corte de Justicia, pero en los juzgados de todo el país predominan las mujeres. La amplia mayoría de los jueces de paz y letrados son mujeres.

A vía de ejemplo, en 2004 realicé una pasantía en el juzgado de paz departamental de Salto; ese juzgado cuenta con tres turnos y en ellos los jueces eran mujeres. Es más, el jefe de despacho era mujer, los alguaciles eran mujeres.

En el Uruguay, país en el que hay tantas leyes como para que nadie pueda estar seguro de no ser condenado, solamente dos mujeres integraron la Suprema Corte de Justicia en tiempos democráticos; ellas son las doctoras Jacinta Balbela de Delgue y Sara Bossio.

La Dra. Jacinta Balbela, fallecida, se ha convertido en un símbolo de la feminización en el Poder Judicial al ser la primera mujer en llegar a tan significativo cargo. Estuvo entre los años 1985 y 1988, durante una apertura repleta de acechanzas, gracias al respaldo de Wilson Ferreira Aldunate y al voto unánime de la Asamblea General.
El periodista del diario El Observador Miguel Arregui, en una publicación de enero de 2004, resalta la figura de la mencionada, una dama nacida en Pueblo Belén, departamento de Salto. Hasta esa fecha solo ella había llegado a la presidencia de la Suprema Corte. Arregui afirmaba que si solo esa esforzada mujer había llegado a ese cargo significaba muy poco, y menos aún teniendo en cuenta que el 65 % de los 4.150 funcionarios judiciales de Uruguay de aquel entonces eran mujeres.

La larga trayectoria de Jacinta Balbela es todavía más extraordinaria si se recuerda que el Código Civil vigente desde 1868, redactado por Eduardo Acevedo y Tristán Narvaja, excluía expresamente a las mujeres de la función de juez.

Las trabas para que las mujeres ejercieran profesiones legales —abogadas, escribanas, procuradoras— se removieron recién en 1923, pese a que Clotilde Luisi, hija de un liberal italiano, había obtenido su doctorado en Derecho en 1911.

La incorporación de la mujer al mercado laboral uruguayo fue un fenómeno fuerte en la segunda mitad del siglo XX. La igualdad de derechos había sido reconocida por la ley n.º 10.783 del 18 de setiembre de 1946. Según datos de Miguel Arregui, en 1985 el 39,2 % de las mujeres de catorce años o más formaban parte de la población activa de Montevideo, mientras que en 1996 equivalían al 50,2 %.
Jacinta Balbela ingresó al sistema judicial en Salto en 1952.

Según el psicólogo Fernando Repetto y el sociólogo Javier Donnangelo la magistratura nacional ha experimentado un cambio en la valoración social de que es objeto por parte de ambos sexos, pasando de ser una profesión esencialmente masculina en el pasado a ser una opción más tentadora para las mujeres en épocas más recientes.

Es probable que algunas décadas atrás el ingreso al Poder Judicial fuera una alternativa tentadora para las mujeres que recién se incorporaban al mercado laboral. Igual que ahora, los sueldos no son elevados pero sí suficientemente buenos como aportes secundarios de ingresos al hogar. Los salarios en ese organismo son similares a los del conjunto de la Administración central, pero salen mal parados si se les compara con los que rigen en las empresas públicas o en la banca estatal.

Según Repetto, cuando se evalúan las solicitudes de ingreso, las mujeres alcanzan mejores puntajes que los hombres debido a que suelen capacitarse más. También afirma que hay más mujeres con mayor educación formal, pues socialmente se les exige más.

Tengo la convicción de que la participación creciente de la mujer, no solo en el Poder Judicial, sino en todos los planos del quehacer de la sociedad, es uno de los signos más positivos de nuestro tiempo. Pero el nivel de participación alcanzado dista mucho de ser suficiente. En los planos dirigentes laborales y profesionales, la mujer es injustamente postergada. Llega con mucha dificultad a los cargos de dirección y para las posiciones que accede, recibe peor paga que el hombre.

En materia política, el nivel de participación femenina es todavía más bajo que en lo laboral y profesional. Comparándonos con otros países, no solo del primer mundo sino también de América Latina, hoy quedamos bien atrás.

La legislación uruguaya fue particularmente perezosa para reconocer derechos a las mujeres. El divorcio por mutuo consentimiento fue legalizado en fecha temprana (octubre de 1907), lo que benefició a José Batlle y Ordóñez, quien convivía con Matilde Pacheco desde que fue abandonada por su marido. En 1913 se admitió el divorcio por la sola voluntad de la mujer, una discriminación a favor de la parte socialmente más débil.

El voto femenino llegó con la ley 8.927 del 14 de diciembre de 1932, la cual reconoció los derechos políticos de las mujeres uruguayas, pero, debido al golpe de Terra de 1933, recién ejercieron el voto el 27 de marzo de 1938, cuando Baldomir fue electo presidente.

La mujer con gran esfuerzo se ha ganado muchos espacios en los planos laboral, profesional y político, pero todavía es insuficiente. Se aproxima la campaña política con miras a las elecciones de 2014, es tiempo de que se tenga en cuenta nuestra Constitución, que en su artículo 8 dice que todas las personas somos iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción sino la de los talentos o las virtudes. ||

 
 
 
 
 
 
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