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Les paso a relatar la angustiante situación que estamos viviendo. Esta situación tiene dos aspectos, uno jurídico y uno real. Empiezo por el jurídico. En el año 2010 la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) hizo un convenio con la Comisión Administradora de mi edificio (Complejo Habitacional CH 20 INVE), por el cual la ANV se comprometía a realizar las reparaciones pertinentes para que el edificio quedara en buen estado y nosotros le abonábamos el 50 % de la reparación. Lo que ocurrió fue que nunca lo vinieron a reparar y solo cuando fueron intimados por la Intendencia Municipal de Montevideo resolvieron sacar las tapajuntas, que en algunos casos estaban en malas condiciones. Para sacar las tapajuntas, picaron las paredes de la fachada del edificio dejando muchos más fierros a la vista produciéndole más deterioro, y tuvieron que acceder al techo del edificio, en donde dejaron algunas roturas importantes debido a la colocación de los andamios. Por esas roturas entró mucha humedad y agua, hecho que posibilitó explosiones y cortos eléctricos. Cuando fuimos a reclamar a la ANV nos dijeron que iban a intentar de ubicar a la empresa para que se haga responsable, pero la empresa ya no existía más, y eso que fue contratada por la propia ANV.

Tiempo después, debido a que se caían partes de chapas de la azotea por las tormentas, otra vez la Agencia se ve intimada a sacarlas y lo hace; y cuando vamos a pedir que impermeabilice la misma, la respuesta fue: «Arréglense como puedan». Debido a esto, nosotros corrimos con los gastos de impermeabilización de la azotea, arreglo e impermeabilización de los tanques de agua, arreglo o compra de escalones, instalación de buzoneras, carteleras informativas en cada sector y foco de luz en cada puente.
Recibimos una citación para el pasado lunes 25 de noviembre donde concurrimos a un salón en la ANV y en una puesta de escena «circense» nos dicen que iban a derrumbar el edificio, pero sin mostrar ningún papel que avale eso. La persona encargada de dar los detalles técnicos fue un ingeniero contratado por la ANV, el cual nos explicó que el edificio estaba «enfermo» y los costos que insumirían los arreglos eran muy caros y la ANV no iba a correr con los mismos, por lo tanto habían tomado la decisión de demolerlo, sin consultar a los propietarios de los apartamentos (copropietarios del edificio).

En ese momento la directora de la Agencia nos dio su palabra de que nos iban a realojar lo más cerca posible del edificio, dentro de los barrios Sur, Palermo y Ciudad Vieja. Cosa que los vecinos, a medida que fueron yendo a las entrevistas particulares, se dieron cuenta de que no era cierto, ofreciéndonos apartamentos en Euskalerría, La Teja, Colón, Sayago y Cerro. Y si no te gustan esas ubicaciones, solo a los propietarios con todos los papeles regularizados les dan tan solo quince días para encontrar un apartamento dentro de montos estipulados por ellos.

Ante este planteamiento los vecinos salen a los medios de prensa a decir su verdad, y la Agencia nos aplasta con una verdad que dista mucho de la realidad, utilizando todo el aparato estatal en nuestra contra. Nosotros tenemos pensadas soluciones para evitar el desarraigo de gente que ha vivido en el barrio por más de medio siglo y gente que compró al BHU [Banco Hipotecario del Uruguay] y a la ANV apartamentos hace muy pocos años y según lo que la ANV declara ahora, ya estaban en ruinas. Dicha solución sería realojar a estas 96 familias en el predio abandonado llamado comúnmente gasómetro, ubicado entre las calles Zelmar Michellini y Gutiérrez Ruiz (ubicado detrás de nuestro edificio), perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

En los últimos dos días nos enteramos de que ese predio (el gasómetro) que las autoridades pregonan a toda voz en los medios de comunicación que va a ser un espacio público, en realidad ya está señado por una empresa constructora para hacer torres de alto nivel y el expediente del gasómetro (2011/1858 de la Junta Departamental de Montevideo) indica claramente que el destino de ese terreno solo puede ser la construcción de viviendas de interés social. Hay que tener en cuenta que el realojo de estas 96 familias le costará al estado nueve millones de dólares y el arreglo del edificio no alcanzaría el millón de dólares, ahorrándose el Estado ocho millones de dólares. Y pensamos que si se construye un edificio nuevo en el predio del gasómetro, tampoco su construcción llegaría a esos nueve millones de dólares.