El Gobierno de Maduro y la censura a las voces de la oposición |
Felipe Caorsi |
Ya son varios los opositores venezolanos que han sido detenidos o removidos de sus cargos por el Gobierno de Nicolás Maduro. |
El alcalde de San Cristóbal, estado de Táchira, Daniel Ceballos, fue destituido de su cargo y sentenciado a doce meses de prisión por desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por no «evitar las barricadas» en las manifestaciones de estudiantes que se dieron en su jurisdicción. «En consecuencia, cesa en el ejercicio del cargo de alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira», fronterizo con Colombia, precisó la magistrada Gladys Gutiérrez, presidenta del TSJ, al dar lectura de la sentencia. Ceballos es el segundo alcalde opositor que recibe esta sentencia de parte del máximo tribunal, el primero fue Enzo Scarano, alcalde del municipio San Diego, en el estado Carabobo, quien fuera detenido y enjuiciado por causas similares, sentenciado a diez meses y quince días de prisión por el TSJ. Un día después el poder electoral anunció que sería convocada una nueva elección en ese distrito para sustituirlo. Leopoldo López, quien fuera alcalde de Chacao en dos períodos consecutivos y una de las caras más visibles de la oposición, está imputado por ser «determinador en el delito de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública, y asociación para delinquir por los hechos violentos ocurridos el pasado 12 de febrero». Detenido el pasado 18 de febrero, aguarda hace más de un mes que la Sala de la Corte de Apelaciones de Caracas decida si anula o confirma la privativa de su libertad. Recordemos que la justicia venezolana le había prohibido optar a cualquier cargo público hasta 2014 [→ http://bit.ly/1rF3cyO], sentencia que fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. |
Estas prácticas persecutorias de las voces opositoras a un Gobierno son propias de los regímenes totalitarios. |
El 25 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, informó que la opositora María Corina Machado, otra de las promotoras de la protesta callejera «dejó de ser diputada» al perder su investidura tras intervenir como «funcionaria alterna del gobierno hostil de Panamá en la OEA [Organización de los Estados Americanos]». Esta mañana los parlamentarios chavistas aprobaron una moción de respaldo a la decisión. Al ser consultada por la prensa peruana sobre este hecho [→http://bit.ly/1l7aOq1], la diputada venezolana, opositora, quien fuera la más votada en las últimas elecciones parlamentarias, dijo que esa medida carecía de valor constitucional. Anunció también su llegada a Venezuela el día de mañana [26 de marzo] decidida a seguir su lucha «por la recuperación de la democracia venezolana», se espera que el Gobierno de Maduro la prive de su libertad al llegar, como ha hecho con los dirigentes opositores nombrados antes. Estas prácticas persecutorias de las voces opositoras a un Gobierno son propias de regímenes totalitarios. Recordemos que los gobiernos de Argentina y Uruguay no solo apoyan el proceder del gobierno actual de Venezuela sino que han copiado su ley de medios [→http://www.hacer.org/latam/?p=27257]. Ley que favorece la censura por parte del poder ejecutivo sobre los medios de comunicación. Los países de América Latina parecen estar unidos hoy a través de organismos internacionales solo por afinidad ideológica. El apoyo al populismo prevalece sobre intereses económicos en la región. || |
Al principio de la página | Todos los artículos | Todas las editoriales |