Propiedades públicas, paredes privadas
Jorge Benedykt
 

Ya que las paredes de edificios públicos son utilizadas de forma privada por empresas con fines de lucro, ¿no sería hora de cobrar impuestos o multas por su utilización?

Como la mayoría de los jóvenes de mi generación fui alumno en escuela y liceo público. Asistí a clases en el que, en la época, era un liceo maravilloso y donde conocí en ese tiempo a quien sería mi futura esposa y madre de mis hijos. El liceo Juan Zorrilla de San Martín era un gran liceo de donde egresaron hombres y mujeres que seguramente hoy forman parte de nuestra sociedad en las más variadas actividades privadas y públicas, como, por ejemplo, nuestro actual embajador en los Estados Unidos de América, el doctor Carlos Pita Alvariza, mi compañero de liceo y vecino de barrio. Recuerdo que en la pared, a la entrada de «nuestro liceo Zorrilla», había una gran placa de bronce donde se podía leer una famosa frase de nuestro escritor y poeta que rezaba: «Honrar se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte». Considero esta una frase fuerte, un mensaje para el presente y el futuro y que siempre tengo en mente al tomar cualquier decisión. Esta frase, y la carátula del mensuario Al día en su decimosegunda edición del mes de setiembre del 2012 con el título «Desvarelización» fueron los motivos que me impulsaron a escribir este artículo.

Después de haber vivido por más de veintiocho años en San Pablo, Brasil, he vuelto a radicarme en el Uruguay desde hace algo más de tres años. En este tiempo he pasado muchas veces por el frente de mi querido liceo y he visto su degradación estética causada por innúmeros grafitis y empapelada por propagandas políticas y propagandísticas de todos los tipos y colores. La foto de la carátula de Al día de su decimosegunda edición lo dice todo. Nuestro pueblo paga sus impuestos, los profesores hacen lo que pueden y deben, la mayoría de los padres de los alumnos hacen sacrificios para que sus hijos puedan estudiar, y las propiedades públicas se convirtieron en «outdoors» privados, gratuitamente y de gran valor comercial.

Es cierto que cuando un bando de vándalos peñarolenses (o no), «bolsos», o hinchas de cualquier otro club de fútbol, amantes enamorados o simplemente grafiteros, hacen sus declaraciones en las paredes, es difícil identificarlos, calificarlos, o en algunos casos penalizarlos, ya que lo que los impulsa no es algo comercial, y sí un afán de pronunciarse públicamente o declarar su amor o su inconformismo. Pero también es cierto que cuando un edificio público como mi querido liceo Zorrilla es envuelto, empaquetado como para regalo con propagandas de las más variadas, ya sean anunciando shows de rock, folclóricos, lanzamiento de libros, obras de teatro, etcétera, lo que deberían ser anuncios culturales se transforman en obras macabras de mal gusto, falta de respeto y principalmente de educación y civilidad.

Lo que me cuesta entender es por qué cuando, por ejemplo, estacionamos nuestros vehículos en lugar prohibido somos multados, cuando no pagamos nuestros impuestos somos cobrados y penalizados con multas y recargos, cuando estacionamos en una «zona azul» debemos pagar, cuando los estudiantes no estudian o no hacen sus deberes son penalizados con notas bajas o repetición del año lectivo. Sin embargo, no es difícil, al ver el empapelado de nuestros edificios públicos, nuestras escuelas, nuestros liceos, identificar a los autores de su «propaganda cultural», que en la mayoría de los casos de cultural no tiene nada, ni su intención mercantilista ni su forma de difundirlo. Al contrario, usan de nuestras paredes públicas como si fuesen privadas y a ellos les pertenecieran. Ya que detrás de cada evento «cultural» hay un promotor, una empresa comercial, un artista, y todo esto es fácilmente identificable con solo leer lo que tales afiches pegados uno al lado del otro como si uno solo no bastara y como si fuera importante que el «regalo» estuviera bien envuelto o fuera necesario, ¿por qué debemos nosotros, los que pagamos los impuestos, los estudiantes, los empleados, los trabajadores pagar al colaborar cediendo las paredes que tanto significan para nuestro pueblo y el futuro de nuestras generaciones y nuestro país por lo que se realiza dentro de ellas, así como por el sacrificio que tantas generaciones de buenos uruguayos contribuyeron para construir? Estamos acostumbrados a ver a los inspectores de tránsito de las intendencias en las calles multando a los malos conductores, a los inspectores que controlan los puesteros de las ferias, a los inspectores que controlan las construcciones para que nadie coloque un ladrillo más que aquellos que están en los planos —y si lo hacemos somos multados—, así como vemos, también, nuestro dinero irse en impuestos pagos cuando la Intendencia debe limpiar lo que algunos malos uruguayos ensuciaron.

Días pasados se generó una discusión, cuando los festejos de los cien años del Club Atlético Peñarol, acerca de quién debería pagar los daños causados por vándalos no identificados. Ahora, yo me pregunto y le pregunto a los políticos que gobiernan nuestro país: el liceo Juan Zorrilla de San Martín y demás edificios públicos, ¿son públicos por dentro y privados por fuera? ¿Cuánto vale el metro cuadrado de «outdoor»? Ya que nuestras paredes, las que le pertenecen al pueblo, son utilizadas de forma privada por empresas con fines de lucro, ¿no sería hora de empezar a cobrar impuestos o poner multas por su utilización? Es fácil, solo saber leer los afiches y sabremos a quién cobrarle. Quizá esta sea una buena manera de aumentar nuestro presupuesto público alquilando las paredes, poniendo multa a quienes las alquilan, utilizan y no pagan, o apenas para inhibir este tipo de «culto chanchada» o para pagar su limpieza. Porque al final, el liceo Zorrilla, así como otros edificios del Estado o la municipalidad, es público, pero sus paredes fueron privatizadas y de forma gratuita.

 
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